La muerte del Fiscal Especial, Dr. Alberto Nisman debe ser analizada con toda la gravedad que implica, porque importa una afrenta directa a nuestro sistema político.
En primera instancia este hecho debe ser esclarecido con la mayor premura, porque sobrevuelan circunstancias que no pueden quedar sin aclarar y la justicia debe tener toda la tranquilidad y seguridades para investigar este hecho y las denuncias que el Dr. Nisman produjo recientemente.
Nuestro Estado de Derecho no ha podido otorgar resguardos institucionales y de seguridad a un Fiscal para ejercer su función. Más allá de las circunstancias en las que se produjera la muerte del Dr. Nisman, el Estado se ve cuestionado en su deber de otorgar garantías para el cumplimiento del cargo para el que fue designado.
En este sentido debemos hacer un fuerte llamamiento a la defensa de la independencia del Poder Judicial en la medida que, como se afirmara, no son las mejores circunstancias en las que se está trabajando en ese Poder Judicial, cuando hay embates del Poder Ejecutivo que diariamente afectan la debida independencia. En este sentido, es imprescindible que el Fiscal que sea designado para continuar en la Fiscalía Especial sea un Fiscal que cuente con todas las exigencias de la Constitución Nacional y se eviten nombramientos ad-hoc .
Por último se debe exigir la preservación de las pruebas existentes en la causa, todos los jueces y la Procuración General de la Nación deben asegurar de inmediato que cada una de las pruebas que recolectó la Fiscalía Especial dirigida por el Dr. Nisman sean aseguradas para el debido análisis en las instancias correspondientes.
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