Por María Maldonado* – Esta semana dos femicidios conmovieron nuevamente a la sociedad, el de Micaela García en Gualeguay y el de Ornella Donotri en Tucumán. Wagner, el autor confeso del asesinato de Micaela, contaba en su prontuario con al menos tres violaciones previas a estudiantes, fue dejado en libertad por el juez Carlos Rossi al cumplir 5 de sus 9 años de condena, cuando todos los informes técnicos recomendaban lo contrario.
Las instituciones judiciales y de seguridad ni siquiera garantizaron el monitoreo de este violador reincidente una vez que fue liberado. Esta responsabilidad directa del Estado en la agresión y muerte de Micaela pone al rojo vivo la necesidad de establecer la revocabilidad y la elección directa por parte de las mujeres de todos los funcionarios públicos involucrados en los casos de violencia de género.
También de poner a las políticas en la materia bajo el control de un Organismo Autónomo de Mujeres, sustrayéndolas del manejo del Estado de clase que organiza, garantiza y apaña la violencia hacia las mujeres en todas sus formas. En el caso de Ornella, según las primeras versiones policiales, fue golpeada, violada y asesinada por estrangulamiento. La cobertura de la noticia no tardó en indicar atributos de Ornella que puedan explicar su trágica muerte. Remarcaron que tenía problemas de adicciones y que la Policía habría recibido una orden judicial para que fuera internada en un hogar de la capital tucumana. Otro aspecto que destacaron es que su padre tenía antecedentes penales y estuvo tres veces en la cárcel. También que se ausentaba de su casa durante varios días y que por eso nadie la estaba buscando, toda una línea para exculpar al Estado. La respuesta del gobierno provincial, que ha salido a atacar al movimiento de mujeres dando apoyo a la iglesia después del 8 de marzo, ha sido la aprobación de una ley que declara la emergencia en violencia contra la mujer pero que no establece de dónde saldrá el presupuesto para su ejecución. La aparición sin vida de Micaela y Ornella, nos plantea redoblar la movilización y la lucha contra un sistema que se lleva la vida de cientos de mujeres y compañeras de lucha por año. Exigimos la inmediata destitución del juez Rossi y la renuncia de los funcionarios a cargo del operativo de búsqueda, empezando por el Ministro de Gobierno Mauro Urribarri.
En Mercedes, después del asesinato de Sofía Santillan, desde el Partido Obrero y la Asamblea LGBTI Mercedes, presentamos un proyecto de inclusión laboral trans enmarcándonos en la Ley Provincial 14783, donde el sector público de la provincia debe ocupar el 1% de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público. Dicho proyecto aún no ha sido tratado en las comisiones correspondientes del HCD. Exigimos el tratamiento inmediato de este proyecto para evitar más casos como el de Sofía.
*Plenario de Trabajadoras Mercedes –Partido Obrero
