El ex funcionario Diego Spagnuolo dejó encaminado un plan de ajuste sobre las pensiones por discapacidad que podría afectar a unas 500.000 personas en todo el país. La medida se basa en una auditoría que, según un informe del jefe de Gabinete Guillermo Francos, busca reducir el número de beneficiarios y cumple con los objetivos del presupuesto para 2025.
El ajuste, impulsado por un decreto de Federico Sturzenegger, permite la baja de pensiones si los beneficiarios no reciben una citación para la auditoría, una situación que se ha atribuido a fallos en el sistema de comunicación. A pesar de que la auditoría se justificó para detectar irregularidades, solo se encontraron un pequeño porcentaje de casos, como beneficiarios fallecidos, lo que sugiere que el objetivo principal es la reducción de las prestaciones.
Trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) han denunciado presiones para dar de baja pensiones de manera arbitraria. Además, se ha revelado una millonaria licitación con la empresa de correos Andreani para el envío de las cartas de notificación, un proceso que ha generado múltiples problemas y dejó a muchos beneficiarios sin posibilidad de responder a los requerimientos.
En audios filtrados, Spagnuolo habría discutido con el vocero presidencial, Adorni, una «operación de prensa» con la «radiografía trucha del perro» para justificar el recorte. La revelación apunta a una acción coordinada para manipular la opinión pública y avanzar con la medida de ajuste, dejando a un gran número de personas con discapacidad en una situación de vulnerabilidad.
