Tras un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Juzgado de Familia N° 2 de Mercedes ordenó el cese de ingresos y detectó posibles irregularidades que van desde la falta de habilitación hasta potenciales internaciones forzosas.
En un fallo contundente que pone la lupa sobre el sistema de salud mental y los centros de tratamiento de adicciones, la justicia mercedina tomó medidas drásticas contra la Comunidad Terapéutica “Un Día Más”, ubicada en el barrio La Loma de Luján. La intervención judicial puso foco en posibles maltratos, precariedad médica y privaciones ilegales de la libertad.
Una inspección que reveló el horror
La causa se inició a partir de una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que motivó la intervención del Juzgado de Familia N° 2 del Departamento Judicial de Mercedes. Las magistradas a cargo, la Dra. Yanina Andrea Bruni Barcala (como subrogante) y la titular Dra. María Eugenia Rijavec, encabezaron las inspecciones.
El accionar de la justicia mercedina
La Justicia de Mercedes no solo ordenó la prohibición inmediata de nuevos ingresos (tanto voluntarios como involuntarios), sino que también garantizó el derecho de las personas alojadas a retirarse si así lo deseaban.
Durante las inspecciones judiciales, de las que también participó el Ministerio de Salud y peritos médicos, se constató que la institución carecía de un equipo interdisciplinario adecuado, funcionando en abierta contradicción con la Ley Nacional de Salud Mental.
A raíz de la firme postura del Juzgado de Familia N° 2, cerca de 50 personas abandonaron el establecimiento, ya sea por voluntad propia, retirados por sus familias o derivados por el Estado tras una evaluación de salud.
Causa penal en curso
Además de la vía civil y de familia, la situación derivó en una investigación penal encabezada por la UFI N° 10, con el objetivo de determinar las responsabilidades de los directivos de la comunidad en posibles delitos de privación ilegal de la libertad y ejercicio ilegal de la medicina.
Este caso vuelve a encender las alarmas sobre la falta de control estatal en centros privados y reafirma el rol fundamental de la justicia mercedina como garante de los derechos humanos en situaciones de extrema vulnerabilidad.