El Gobierno nacional confirmó que aplicará descuentos salariales a los empleados públicos que decidan sumarse al paro general convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral impulsada por la gestión de Javier Milei.
Según indicaron desde la Casa Rosada, regirá el criterio de “día no trabajado, día no pagado” para quienes no se presenten en sus puestos durante la jornada de protesta. Cada organismo estatal deberá controlar la asistencia del personal y realizar las liquidaciones correspondientes.
La huelga fue convocada por 24 horas y coincide con el tratamiento del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, lo que anticipa un fuerte impacto en la actividad pública y privada.
Desde el Ejecutivo remarcaron que el derecho a huelga está garantizado, aunque subrayaron que la ausencia laboral no obliga al Estado a abonar el salario del día. La decisión suma tensión al conflicto con las centrales sindicales en medio del debate por los cambios en el régimen laboral.
No se trata de la primera vez que una administración nacional adopta esta postura frente a una medida de fuerza de alcance general, aunque el contexto actual profundiza el enfrentamiento entre el oficialismo y los gremios.