La Defensor铆a reclam贸 medidas para que se deje de criminalizar a los consumidores de cannabis

Desde el organismo exigieron cambios en las normas para terminar con la persecuci贸n judicial de quienes utilicen esta sustancia para uso personal.

La Defensor铆a del Pueblo bonaerense reclam贸 modificaciones en las leyes para evitar la persecuci贸n de los consumidores de cannabis, al alertar sobre la gran cantidad de procesos judiciales iniciados contra quienes son detenidos con peque帽as dosis para uso personal como aquellos que realizan el autocultivo del producto.

La posici贸n del organismo que conduce Guido Lorenzino se apoya en un informe realizado por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problem谩ticos, a cargo del Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter Martello, que detalla el impacto de la multiplicaci贸n en los 煤ltimos dos a帽os de denuncias que se帽alan requisas y aprehensiones arbitrarias en la v铆a p煤blica y posteriores traslados a dependencias policiales por tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Seg煤n el trabajo, casi la totalidad de los procedimientos se realizaron en la v铆a p煤blica y fueron v铆ctimas j贸venes que, por su apariencia f铆sica, aspecto o vestimenta, habr铆an sido sometidos a interceptaciones, cacheos y requisas personales, cuyo resultado fue el secuestro de 铆nfimas cantidades de sustancias, principalmente marihuana, que estaban destinadas al consumo personal en 谩mbitos privados.

Seg煤n las 煤ltimas estad铆sticas disponibles del Ministerio P煤blico bonaerense, la judicializaci贸n peg贸 un salto en 2018: casi el 29% del total de causas por violaci贸n de la Ley de Estupefacientes se iniciaron por tenencia para consumo personal. Hubo 6.634 causas m谩s en toda la Provincia respecto a 2017, y en total se llevaron adelante 18.327 Instrucciones Penales Preparatorias (IPP), para lo cual se tuvieron que destinar recursos humanos y econ贸micos del Poder Judicial y de las fuerzas policiales.

Este 煤ltimo punto tambi茅n se destaca en el informe: si se tiene en cuenta el c谩lculo realizado por el juez de Necochea y presidente de la Asociaci贸n de Pensamiento Penal, Mario Juliano, la tramitaci贸n de cada una de estas causas le genera al Estado un costo no inferior a los 10 mil pesos. Por lo tanto, si s贸lo se toma como referencia la cantidad de causas registradas en 2018 por tenencia para consumo, el gasto anual ascender铆a a los 183 millones de pesos.

鈥淟a necesidad del poder pol铆tico de mostrar mejores estad铆sticas y los resultados de los procedimientos policiales, terminaron por vulnerar los derechos de cientos de personas鈥, sostuvo Martello.

En ese sentido, la Defensor铆a plante贸 una serie de propuestas para revertir esta realidad. En primer lugar, modificar la Ley de Estupefacientes, una norma de 1989, para evitar la persecuci贸n judicial de usuarios y cultivadores, incluyendo en el debate los puntos de vista de los consumidores.

Tambi茅n, el organismo reclam贸 revisar la Ley de Desfederalizaci贸n Parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, una medida adoptada en 2005 para que las provincias tengan competencia en materia de estupefacientes para los delitos menores, principalmente comercializaci贸n, tenencia y consumo. En este esquema, los organismos nacionales centrar铆an su atenci贸n s贸lo en el comercio ilegal en gran escala, pero como resultado se gener贸 un debilitamiento de las pol铆ticas federales que deb铆an marcar el rumbo y los pasos a seguir en materia de combate al narcotr谩fico y prevenci贸n de adicciones.

La Defensor铆a tambi茅n se帽al贸 la necesidad de declarar la emergencia en materia de adicciones en todo el pa铆s, dotando de recursos al sistema de prevenci贸n y asistencia de las adicciones, con el compromiso de todos los gobiernos provinciales, y la capacitaci贸n para los operadores judiciales y administrativos y de seguridad respecto a lo que representa la pol铆tica de drogas con perspectiva de g茅nero y derechos humanos, para adoptar un enfoque integrado y equilibrado vinculado a la salud p煤blica.

鈥淓s necesario avanzar hacia una actualizaci贸n de las normas para que los consumidores dejen de ser criminalizados, y que tengan el derecho de poder realizar una actividad que forma parte de su cultura y de su estilo de vida, con reglas claras y sin perjudicar a otras personas, incluso como forma de contrarrestar los mercados il铆citos y sus consecuencias鈥, puntualiz贸 Lorenzino.

Fuente: Defensor del Pueblo (Provincia de Buenos Aires)

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