Una rara interpretación de la libertad ejecuta el gobierno que denunció a periodistas por ejercer su trabajo al difundir los audios que serían de la hermana del presidente supuestamente pidiendo coimas del 3% sobre medicamentos para personas con discapacidad.
En un contexto de creciente tensión institucional, el gobierno de Javier Milei ha avanzado con acciones judiciales y administrativas que generan fuertes cuestionamientos sobre el estado de la libertad de prensa en el país.
En los últimos días, la Corte federal dispuso prohibir la difusión de audios grabados en la Casa Rosada que comprometen a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado. La medida fue dictada sin que el juez tuviera acceso al contenido de las grabaciones, y se fundamentó en el supuesto riesgo para la intimidad y seguridad institucional. Esta decisión fue interpretada por destacados juristas y medios como una forma de censura previa.
Al mismo tiempo, el gobierno ha ido contra periodistas específicos. Se ordenaron allanamientos a los domicilios y lugares de trabajo de Mauro Federico y Jorge Rial, en el marco de una denuncia penal que los acusa de violación del honor y la privacidad, además de intentar acceder a sus fuentes informativas.
Las críticas fueron instantáneas: la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) rechazaron las medidas considerándolas un ataque directo a la libertad de prensa y el derecho del público a estar informado.
Según PEN International, la situación de la libertad de expresión en Argentina atraviesa un notable deterioro desde la asunción del presidente Milei, marcado por hostigamientos sistemáticos, estigmatización de periodistas y restricciones institucionales al acceso a la información. En los primeros meses de 2025 se registraron mecanismos como el “mute button” en conferencias de prensa y trámites de acreditación restrictivos, junto con una reforma al decreto 780/2024, que endureció el acceso a datos públicos y amplió los plazos de secretismo estatal.
Organismos internacionales como Reporters Without Borders documentan una caída de 47 posiciones en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, situando a Argentina en el puesto 87 de 180 países en 2025. Las agresiones, amenazas y campañas de desprestigio contra periodistas críticos se han vuelto recurrentes, tanto en el discurso oficial como en el accionar represivo.
