El debate generado en torno a la Tasa por Ocupación de Espacios Públicos incluida en las boletas de gas natural volvió a poner sobre la mesa una discusión mucho más profunda: el fuerte impacto que tienen los aumentos desmedidos de las tarifas de servicios públicos sobre la economía de las familias mercedinas.
Durante la última sesión en el Honorable Concejo Deliberante, y tras un intenso ida y vuelta, el análisis y las diferentes posturas, permitió advertir que el debate no puede reducirse únicamente a una tasa municipal histórica y preexistente, destinada al uso del espacio público donde operan las redes de distribución. El trasfondo de la problemática se encuentra en el incremento desproporcionado que el Estado Nacional ha convalidado sobre los servicios públicos, donde el gas acumuló aumentos superiores al 1000 por ciento en los últimos 2 años y medio.
Mientras algunos sectores buscan centrar el debate exclusivamente en los cargos municipales, desde el Honorable Concejo Deliberante quedó a la vista que el verdadero problema reside en el brutal incremento del valor del gas dispuesto a nivel nacional, una situación que afecta directamente el poder adquisitivo de vecinos y vecinas y que, muchas veces, algunos sectores parecen evitar discutir de fondo.
El Expediente Nº168/2026-HCD, es una iniciativa, con pocos recursos propositivos e información, que propone derogar los cargos locales aplicados al consumo de gas natural. Sin embargo, tras analizar el contexto económico y el impacto real de la medida, el expediente fue girado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para avanzar en una evaluación técnica y financiera más profunda.
Desde distintos sectores del oficialismo local señalaron que, frente a facturas cada vez más impagables, intentar responsabilizar exclusivamente a los municipios desvía la discusión central y omite el impacto estructural que tienen las políticas tarifarias nacionales sobre los hogares.
Asimismo, durante el tratamiento se advirtió que eliminar de manera inmediata esta herramienta de financiamiento implicaría una pérdida significativa de recursos para el Municipio de Mercedes, afectando directamente la capacidad de sostener servicios esenciales para la comunidad.
Entre las áreas que podrían verse resentidas se encuentran el mantenimiento y arreglo de calles, los trabajos de bacheo, el sostenimiento de insumos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y los recursos destinados a tareas de prevención y patrullaje en los barrios.
En ese marco, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Mariana San Martín, respaldó el envío del expediente a comisión y destacó la necesidad de sostener un debate responsable y técnicamente fundamentado.
“El camino legislativo de una ordenanza que modifica la estructura de ingresos del municipio requiere un análisis serio y responsable. No se puede discutir únicamente desde consignas, sin evaluar qué impacto tendrá después sobre los servicios que el municipio presta todos los días”, expresó.
Además, agregó: “El verdadero problema que angustia hoy a los vecinos son los aumentos desproporcionados de las tarifas nacionales y la incertidumbre sobre herramientas de protección como la Ley de Zona Fría. El desafío es discutir cómo cuidamos el bolsillo de las familias sin desfinanciar al Estado local, que es el que sigue dando respuestas concretas en cada barrio”.
Con el giro a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el expediente continuará siendo analizado con el objetivo de evaluar su impacto económico y profundizar un debate que, según remarcaron durante la sesión, debe enfocarse en las verdaderas causas que hoy afectan a la economía de las familias mercedinas.
