El juez federal Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, hizo lugar parcialmente a una acción de amparo por acceso a la información pública y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad entregar documentación que aún no había sido exhibida sobre las obras de la Ruta Nacional Nº 5 entre Mercedes y Suipacha, incluyendo la Variante Suipacha.
El origen del reclamo:
La demanda fue promovida por el abogado Lorenzo Matus, quien en octubre de 2025 presentó un pedido para conocer en detalle cómo se financiaron y ejecutaron las obras de ese tramo. Entre la documentación solicitada figuraban los contratos de financiamiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF), las licitaciones y adjudicaciones, los contratos con las empresas constructoras, informes de avance físico y financiero, auditorías y expedientes por multas, sanciones o incumplimientos contractuales.
La respuesta insuficiente:
La respuesta inicial de Vialidad resultó incompleta: los enlaces enviados para acceder a la documentación no funcionaban y gran parte de la información no había sido incorporada. Durante el trámite judicial, el organismo fue agregando progresivamente documentación, incluyendo el convenio de préstamo con la CAF, informes presupuestarios, reportes del Sistema Informático de Gestión de Obras (SIGO) y certificaciones de avance.
Los dos incumplimientos que persisten:
El juez concluyó que quedaban dos puntos sin resolver. Por un lado, Vialidad afirmó que los contratos podían consultarse en el portal CONTRAT.AR, pero el actor manifestó que no podían localizarse y el organismo nunca acompañó copia ni acreditó que efectivamente pudieran descargarse. Por el otro, nunca informó si existían expedientes administrativos por incumplimientos de las empresas contratistas.
El fallo:
El magistrado ordenó a Vialidad Nacional que, en el plazo de cinco días, entregue copia de los contratos de obra, acompañe los expedientes de sanciones a las constructoras o, en caso de no existir, presente una declaración jurada informándolo. Además, impuso las costas al Estado nacional y reguló los honorarios del actor, quien litigó por derecho propio.
El pronunciamiento constituye un antecedente relevante en materia de transparencia y control ciudadano sobre la ejecución de obras públicas, en un tramo de la Ruta 5 cuya transformación en autovía continúa siendo uno de los principales reclamos de la región.
