A instancias de una propuesta del legislador mercedino, Santiago “Lalo” Révora, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto de ley que crea el Registro Único de Trabajadores estatales que hayan sido víctimas de muerte o desaparición, durante el período comprendido entre los años 1974 y 1983, en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa, autoría del diputado Santiago Révora (Unidad Ciudadana-FpV), fue aprobada durante una sesión especial que realizó el cuerpo para conmemorar el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
El proyecto establece que «todos los organismos provinciales deberán, dentro de los 30 días de sancionada la presente, presentar a la Secretaría de Derechos Humanos la lista de personas comprendidas en los archivos de personal o que surjan de cualquier otra fuente principal o secundaria de información» a fin de conformar el Registro.
Ese organismo, a cargo de Santiago Cantón, deberá constatar la información solicitada y enviar a todos los responsables de organismos estatales los listados, previa notificación a los familiares directos de las personas fallecidas, quienes podrán oponerse a que el nombre sea exhibido.
Una vez creado el registro, todas las dependencias e instituciones estatales de la provincia deberán colocar a la entrada del inmueble, «en un lugar visible y a la vista de los visitantes y trabajadores del mismo, una o varias placas identificatorias, en homenaje a los compañeros trabajadores, que desempeñaban tareas en ese organismo y hayan sido detenidos y/o desaparecidos, durante o como consecuencia del último golpe cívico-militar». Las placas deberán incluir foto, nombre y tarea que desempeñaba.
En los fundamentos del proyecto, el diputado Révora aseguró que el objetivo es realizar un «reconocimiento público y laboral a todos aquellos compañeros que durante la época previa y durante la dictadura sufrieron apremios ilegales, desapariciones, tortura y muerte» y aclaró que la iniciativa «viene a complementar la Ley 13.584, que obliga al Estado provincial a identificar a los Centros Clandestinos de Detención en el ámbito de la provincia».
