En un dictamen de fuerte impacto político y económico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por el Gobierno nacional y dejó firme una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
A pesar de que el oficialismo buscaba frenar las demandas tras haber pactado un aumento paritario del 24% a principios de junio con los rectores, las autoridades universitarias decidieron mantener el reclamo en la Justicia. La resolución del máximo tribunal representa un duro golpe a la planificación fiscal impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, ya que rompe con un acuerdo implícito de no emitir fallos que comprometan las metas económicas de la gestión actual. El costo estimado para las arcas estatales supera el esquema de fondos previstos originalmente por el Palacio de Hacienda.
La definición de la Corte: ¿Qué resolvió exactamente?
No resolvió la cuestión de fondo
El tribunal no dictaminó todavía sobre la constitucionalidad o validez definitiva de los reclamos, sino que se limitó estrictamente al aspecto procesal.
Rechazo del recurso oficial
La Corte Suprema desestimó de plano la presentación que hizo el Poder Ejecutivo para intentar tumbar la restricción de la instancia anterior.
Vigencia de la cautelar
Al rechazar el recurso del Gobierno, el máximo tribunal dejó plenamente firme y vigente la medida cautelar. Esto significa que, obligatoriamente y sin más dilaciones, el Gobierno nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
