El gobernador Axel Kicillof oficializó mediante el Decreto 742/26 la incorporación de la inteligencia artificial como herramienta de trabajo dentro de la administración pública de la provincia de Buenos Aires. La norma crea el Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial, un instrumento que busca simplificar procesos administrativos, optimizar la gestión y ampliar el acceso a derechos de los ciudadanos.
La Subsecretaría de Gobierno Digital, a cargo de Sandra D’Agostino, será la autoridad de aplicación. Entre sus funciones, deberá crear un Registro de Inteligencia Artificial en el que todos los organismos de la administración pública bonaerense deberán informar qué herramientas basadas en IA utilizan y para qué fines. El objetivo es tener un control centralizado sobre las tecnologías que se incorporen y garantizar que su uso sea ético, transparente y seguro.
Desde el gobierno provincial sostienen que la IA no viene a reemplazar a los trabajadores estatales sino a asistirlos, aligerando tareas rutinarias y liberando tiempo para funciones de mayor valor. La letra del decreto define a la inteligencia artificial como una «herramienta de asistencia y apoyo» orientada a simplificar los procesos administrativos y agilizar la cotidianidad del Estado. La pregunta que queda abierta es cómo impactará esta medida en un aparato estatal que arrastra deficiencias estructurales de larga data y si la incorporación tecnológica logrará el salto de eficiencia que promete.
