
El Partido Obrero se pronunció públicamente contra la decisión del Gobierno nacional de subastar las 141 viviendas del desarrollo urbanístico Pro.Cre.Ar. ubicado sobre el ex Acceso Sur de Mercedes, y cuestionó la política habitacional de la administración del presidente Javier Milei.
El argumento:
A través de un comunicado, la fuerza política sostuvo que la venta de las viviendas implica «el traslado de la solución habitacional del ámbito público al privado», dejando el acceso a la vivienda «en manos del mercado y de la especulación inmobiliaria», lo que, según afirmaron, dificulta aún más que las familias trabajadoras puedan acceder a una casa propia.
El historial de la obra:
El pronunciamiento recuerda que la construcción del complejo comenzó en 2021 y que las obras alcanzaron aproximadamente un 50% de ejecución antes de paralizarse. Señalan que durante los últimos años se fueron generando expectativas entre quienes aguardaban la finalización y adjudicación de las unidades, proceso que quedó sin concretarse y que ahora desemboca en la subasta del predio.
La crisis de fondo:
Desde el Partido Obrero enmarcaron la decisión en la situación habitacional que atraviesa Mercedes y gran parte del país. Sostienen que el aumento del costo de los alquileres, la escasa oferta de créditos hipotecarios y las dificultades laborales hacen cada vez más difícil el acceso a una vivienda, especialmente para los sectores jóvenes y trabajadores. «La crisis habitacional es el pan de cada día», señalaron, al tiempo que advirtieron que muchas familias destinan una parte muy importante de sus ingresos al pago del alquiler y los servicios, mientras otras postergan la posibilidad de independizarse.
La propuesta:
Como alternativa, el Partido Obrero propuso la implementación de un plan estatal de construcción de viviendas con participación y control de los futuros adjudicatarios, y convocó a organizaciones sociales, políticas y vecinos de Mercedes a movilizarse para impedir lo que calificaron como un «negociado privado con obras públicas». El pronunciamiento se suma a otros rechazos conocidos en los últimos días desde distintos sectores políticos, sindicales y sociales de la ciudad.