La central obrera que nuclea a Mercedes, Navarro y San Andrés de Giles cuestionó la restitución del artículo del DNU 70/2023 que elimina los topes a la extranjerización de inmuebles rurales. Advierten sobre el impacto en los recursos naturales y la soberanía.

La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Mercedes, Navarro y San Andrés de Giles emitió un duro comunicado en el que manifestó su «más profundo rechazo» a la eliminación de las restricciones fijadas por la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), luego de que una reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia dejara nuevamente operativo el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

A partir de esta situación judicial, vuelve a quedar sin efecto el marco regulatorio que impedía que más del 15% del territorio rural nacional, provincial o departamental estuviera en manos de titulares extranjeros, así como los límites específicos vinculados a la titularidad sobre cuerpos de agua y zonas de frontera.

Bajo la consigna «Argentina no está en venta», la dirigencia sindical regional remarcó que el suelo no debe abordarse bajo una lógica estrictamente comercial. «La tierra no puede ser considerada solamente una mercancía. Hablar de tierra es hablar de producción, de alimentos, de agua, de recursos naturales, de trabajo y de soberanía. Es hablar de un patrimonio que pertenece también a las próximas generaciones», sostuvieron a través del documento.

Críticas a la política oficial

La regional gremial recordó que la desregulación impulsada por el Poder Ejecutivo nacional ya venía acumulando reparos desde diversos sectores del entramado social, laboral y productivo. A lo largo del año, múltiples organizaciones se pronunciaron en contra de las medidas destinadas a flexibilizar estos controles territoriales.

En este sentido, la seccional subrayó que «el desarrollo del país no puede construirse debilitando las herramientas destinadas a proteger su territorio y sus recursos estratégicos».

Ante este escenario, la entidad ratificó su reclamo por la vigencia de un esquema legal que conserve límites estrictos a la compra de campos por parte de capitales foráneos: «Reafirmamos nuestro rechazo categórico a la derogación de la Ley de Tierras y reclamamos un marco que preserve los límites a la extranjerización y proteja nuestro territorio y sus recursos estratégicos. La tierra argentina no es una mercancía más».