La solicitud, presentada hoy a la Defensoría Federal de Mercedes, se sostiene en las múltiples inconsistencias en el llamado a la auditoría que la Agencia Nacional de Discapacidad tiene previsto hacer en la ciudad entre el lunes y el miércoles, y que el intendente también pidió cancelar hasta que se garanticen las condiciones y un trato digno a los vecinos beneficiarios
El intendente Juani Ustarroz pidió hoy a la Justicia Federal que prohíba la eventual suspensión de las pensiones por discapacidad y, además, que cancele la auditoría que la Agencia Nacional de Discapacidad tiene previsto hacer en nuestra ciudad entre el lunes y miércoles de la semana que viene por múltiples irregularidades encontradas en la convocatoria, entre ellas la de citar a los beneficiarios en domicilios médicos que ni siquiera están anoticiados del procedimiento.
Ambas solicitudes, incluidas en un escrito entregado a la Defensoría Federal de nuestra ciudad, están íntimamente ligadas: en los mails enviados por la ANDIS al municipio, a través de la Dirección de Despliegue Territorial y Acceso a Beneficios, se amenaza con la suspensión de las pensiones a quienes justamente no concurran a las auditorías.
“Nosotros no estamos en contra de que se hagan las auditorías, pero sí reclamamos que se hagan ordenadamente y con criterio. Ni siquiera sabemos cuántos beneficiarios están citados y a dónde, porque ANDIS no nos informó, y estamos haciendo un rastreo caso por caso”, contó la directora local de Discapacidad, Tatiana López.
“Porque si se hace de esta manera, caóticamente y sin un orden establecido, puede ocurrir como en el gobierno de (Mauricio) Macri, que les sacaron injustamente la pensión a muchos vecinos que la necesitaban porque cruzaron mal los datos. Después se las devolvieron, pero ese mal momento previo lo tuvieron que atravesar con la angustia que significa”, agregó.
Según contó López, las citaciones empezaron a llegar hace alrededor de 20 días, pero pronto surgieron graves inconsistencias. “Para dar un ejemplo, el policonsultorio citado como el lugar en que se hará la auditoría ni siquiera fue notificado”, especificó.
A partir del seguimiento realizado y la articulación con las instituciones, el municipio ya tiene identificados entre 600 y 800 vecinos que recibieron la citación, aunque podrían ser unos dos mil beneficiarios.
“Muchos vienen desesperados a nuestra dirección porque no entienden qué deben hacer porque no hay nada claro. Y a muchos, por distintos motivos, no les llegó nada, con lo que corren el riesgo de perder la pensión sin siquiera saber la razón”, dijo la funcionaria.
La situación fue analizada por distintas áreas del municipio (las secretarías de Salud y de Gobierno, además de la dirección de Discapacidad) y el intendente hizo hoy la presentación.
El escrito presentado a la Defensoría por el jefe comunal pide, “con motivo de los múltiples reclamos recibidos a través de nuestra Dirección de Discapacidad Municipal, y habiendo tomado conocimiento de las acciones por ustedes impulsadas, se solicite por vuestro intermedio al Juzgado Federal de esta ciudad una medida cautelar urgente y de carácter colectivo que tenga por objeto la suspensión del operativo de auditoría dispuesto para los días 9, 10 y 11 de junio de 2025”.
“Ello -sigue-, a fin de evitar se disponga, por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, cualquier cese, suspensión y/o interrupción en el pago de la PNC a los beneficiarios, considerando que no se encuentran dadas las condiciones mínimas necesarias para el desarrollo de la mencionada auditoría”.
Entre las inconsistencias e irregularidades encontradas en el procedimiento, el escrito enumera que “las citaciones no distinguen cada situación en particular (por ejemplo internaciones, discapacidades motrices, falta de movilidad); no son diligenciadas en domicilios fehacientes y se fijan en domicilios médicos que no están anoticiados de dicha auditoría”.
“Asimismo y como acción de fondo se propone que se solicite un amparo colectivo que disponga la paralización por tiempo indeterminado del operativo mencionado hasta que se garanticen requisitos y condiciones de accesibilidad, de trato digno y acorde a las personas involucradas, y que se ordene se prohíba la suspensión de las pensiones hasta que se cumpla íntegramente el procedimiento que el Juzgado interviniente determine”, concluye.
