En un precedente sin antecedentes en el Departamento Judicial de Mercedes, la Justicia local dictó una resolución que marca un hito en la lucha contra el maltrato animal y la caza clandestina.
El fiscal Lisandro Masson, titular de la UFI N° 4, impulsó la causa tras detectar el uso de perros en actividades prohibidas en un establecimiento rural de San Antonio de Areco. Efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) ejecutaron el operativo y procedieron al secuestro de dos galgos presuntamente utilizados para la persecución de fauna silvestre, en infracción a la Ley de Fauna Silvestre.
Lo inédito del fallo es que los animales no fueron restituidos a sus poseedores ni alojados en dependencias oficiales: la Justicia ordenó su incautación definitiva y los entregó en custodia a la asociación civil Corazones Vagabundos, que quedó a cargo de su cuidado, alimentación y recuperación integral mientras avanza el proceso penal contra los responsables del establecimiento.
Los informes veterinarios que respaldaron la decisión fueron contundentes: ambos galgos —jóvenes— presentaban lesiones, cortes, dolores crónicos, dificultades de movilidad y signos claros de maltrato sistemático. Uno de ellos tenía una posible hernia. Además, se detectaron secuelas de una práctica habitual en la caza furtiva: la restricción deliberada de alimento para potenciar el instinto de persecución. Ambos animales mostraban marcada resistencia al contacto humano.
Desde el ámbito judicial y proteccionista, el fallo se interpreta como un cambio de paradigma: los animales dejan de ser tratados como simples «objetos» de secuestro para ser reconocidos como seres vivos sujetos de protección específica.
El precedente sienta jurisprudencia para futuras investigaciones sobre caza clandestina en toda la provincia de Buenos Aires.
