Dos ciudadanos extranjeros fueron detenidos en la Ciudad de Buenos Aires, acusados de ejercer ilegalmente la medicina y de haber trabajado en servicios de guardia de hospitales municipales de Suipacha y San Andrés de Giles. La causa también abrió interrogantes sobre los controles aplicados durante sus contrataciones.
La investigación en Suipacha
La investigación se inició en diciembre de 2025, cuando la Municipalidad de Suipacha presentó una denuncia penal tras detectar irregularidades en la documentación de dos profesionales que atendían en la guardia del Hospital Municipal Esteban Iribarne.
Según la información judicial, se trataba de un ciudadano colombiano y otro brasileño, quienes no contaban con matrícula habilitante para ejercer la medicina en el país. Luego de ser desvinculados del hospital suipachense, ambos habrían continuado atendiendo pacientes en centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires.
Los operativos se concretaron en dos momentos:
- El martes 21 de julio, fue detenido el ciudadano colombiano en el barrio porteño de Núñez.
- El viernes 24 de julio, fue aprehendido el hombre de nacionalidad brasileña en un complejo residencial de Palermo.
Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones por el presunto ejercicio ilegal de la medicina.
El caso en San Andrés de Giles
El ciudadano brasileño fue identificado como Pedrozo de Jesús Douglas, quien también habría prestado servicios en el Hospital Municipal San Andrés. La Municipalidad de San Andrés de Giles difundió un comunicado en el que sostuvo que el hombre trabajó de manera “esporádica” durante 2025.
El Ejecutivo local afirmó además que, aunque se había solicitado renovar su contratación para febrero de 2026, “la misma no se efectivizó”. Sin embargo, esa versión entra en contradicción con el Decreto Municipal N° 0677/26, publicado en el Boletín Oficial, que oficializa un contrato con Pedrozo y establece modificaciones en los valores correspondientes a las guardias médicas desde el 1° de febrero y el 1° de abril.
Hasta el momento, el Municipio no explicó cómo se compatibiliza el contenido del decreto con la afirmación de que la contratación no llegó a concretarse.
Los controles bajo cuestionamiento
En el comunicado, la Municipalidad de San Andrés de Giles aseguró que el hombre había presentado la documentación requerida y que sus títulos y certificados correspondían a un médico real, cuya identidad habría sido utilizada por otra persona. También indicó que los documentos no estaban adulterados.
La explicación implica que la documentación perteneciente a un profesional existente no fue detectada como ajena al momento de la contratación. Tampoco se precisó qué controles se realizaron para verificar la identidad del contratado ni si hubo revisiones posteriores.
El Municipio señaló que tomó conocimiento de la causa en abril de 2026, a través de un oficio remitido a la Asesoría Letrada, y que desde entonces se puso a disposición de la investigación. No obstante, la denuncia judicial había sido presentada por la Municipalidad de Suipacha varios meses antes.
El caso continúa en manos de la Justicia, mientras permanecen abiertos los interrogantes sobre el ingreso de los acusados a los hospitales municipales y los mecanismos utilizados para verificar sus antecedentes, matrículas e identidad.
