El Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, admitió formalmente un amparo colectivo presentado por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz contra el Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación.
La acción judicial cuestiona la retención y falta de ejecución de fondos del Sistema de Infraestructura Vial (SisVial) destinados al mantenimiento y desarrollo de rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires.
La admisión del trámite no implica todavía una orden de reanudar las obras, pero da inicio formal al proceso. Los organismos demandados tendrán tres días para presentar su descargo.
El reclamo por los fondos viales
Según los datos incorporados a la presentación, durante los últimos 30 meses el SisVial recaudó $1,503 billones, pero solo destinó $394.406 millones a obras y mantenimiento vial.
Esto representa una subejecución del 73,8%. La demanda también sostiene, sobre la base de auditorías incorporadas al expediente, que más de $1 billón habría sido colocado en instrumentos financieros en lugar de utilizarse para infraestructura.
La parte demandante estima que el juzgado podría resolver en un plazo de 10 días el pedido de una medida cautelar para ordenar la reanudación de los trabajos paralizados.
El impacto en Mercedes y la región
Uno de los casos señalados es la ampliación de la Ruta Nacional 5 entre Mercedes y la Variante Suipacha, una obra vinculada con el crédito internacional CAF 11744.
El esquema de financiamiento contempla un aporte del 70% del organismo crediticio y del 30% restante a cargo del Estado nacional. Sin embargo, auditorías oficiales correspondientes a 2024 indicaron que el aporte local fue del 0%, pese a la disponibilidad de recursos en el fideicomiso.
La presentación también incluye tramos de la Ruta Nacional 3, entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs.
Participación de usuarios e instituciones
Con la apertura del proceso colectivo, usuarios, vecinos e instituciones de las rutas alcanzadas podrán incorporarse y aportar testimonios sobre el estado de las trazas y el impacto de la paralización de las obras.
La causa buscará determinar el destino de los fondos específicos para infraestructura vial y establecer si corresponde disponer medidas para reactivar los trabajos.
