La Asociación Judicial Bonaerense de Mercedes se sumó al reclamo de la entidad madre (AJB) que expresó su respaldo a la jueza Marta Pascual, luego de las críticas recibidas por su decisión de suspender preventivamente durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
Según explicó el gremio, la medida fue adoptada en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo y respondió a la necesidad de garantizar los derechos de los adolescentes ante la falta de condiciones materiales, institucionales y edilicias para implementar el nuevo régimen.
Pedido de protección
La AJB sostuvo que las resoluciones judiciales cuentan con mecanismos institucionales de revisión y rechazó cualquier campaña de presión, persecución o amedrentamiento contra magistrados y trabajadores judiciales.
El sindicato afirmó que el hostigamiento también se extendió al personal del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. Por ese motivo, reclamó la intervención urgente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la Procuración General y el Ministerio de Justicia provincial.
El objetivo del pedido es que se adopten medidas para garantizar la seguridad de la jueza y de los trabajadores del organismo, además del normal desarrollo de sus funciones.
Finalmente, desde la organización cuestionaron que medios de comunicación y representantes del Gobierno nacional hayan promovido, según su postura, una campaña de desprestigio contra la magistrada. Para la AJB, este tipo de acciones afecta la independencia judicial, la división de poderes y el funcionamiento institucional.
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