La vivienda de un adolescente fue allanada tras una denuncia por amenazas realizadas en el baño de una escuela y en redes sociales y a partir de una investigación que, como resultado saliente, arrojó el secuestro de cuatro teléfonos celulares y tres computadoras.
El operativo se realizó tras la denuncia efectuada por la directora de la escuela Normal, Jorgelina Chee, luego de la aparición de amenazas en el baño femenino del establecimiento.
La investigación descubrió que las amenazas se repetían en distintas redes sociales como whatsapp e instagram, lo que permitió un paso clave: tras rastrear el IP (Protocolo de Internet, una etiqueta que identifica el lugar desde el que se conecta un dispositivo a la red), los agentes llegaron a la vivienda donde se produjo el secuestro de siete aparatos: tres computadoras y tres teléfonos celulares. El sospechoso es un alumno de 16 años de edad que quedó imputado.
El objetivo, ahora, es determinar si las amenazas se emitieron desde alguno de esos siete dispositivos para proceder luego a las eventuales imputaciones.
“En estos casos cabe recordar que hablamos de un delito grave con consecuencias legales muy serias. No es un chiste. Las amenazas y las intimidaciones en las escuelas afectan la vida de toda la comunidad”, explicó el secretario de Seguridad, Matías Maresca.
Lo ocurrido en la escuela Normal no es un episodio aislado: luego de la tragedia ocurrida el 30 de marzo en un establecimiento educativo de la ciudad de San Cristóbal, Santa Fe (un alumno de 16 años, armado con una escopeta, mató a un chico de 13 e hirió a otros ocho estudiantes), en colegios de todo el país hubo una ola de amenazas e intimidaciones, muchas de ellas aparentemente vinculadas a un reto organizado por redes sociales.
A partir de esta situación, autoridades educativas de cada provincia vienen implementando una serie de medidas preventivas y de seguridad, entre ellas la prohibición de mochilas y bolsos, operativos de control e inspección de pertenencias.
En Mercedes, mientras tanto, el jueves habrá una reunión interdisciplinaria (municipio, escuelas, autoridades educativas y seguridad y poder judicial), para definir un protocolo y fugutas intervenciones ante esta situación.
“Los chicos tienen que entender que no es una broma y que estos hechos les pueden traer muchos problemas legales, a ellos y a sus familias. Las acciones tienen consecuencias y las amenazas son un delito determinado por el Código Penal”, concluyó Maresca.
