Fuentes: La Nación, Ladevi, La Noticia 1, Infobae. La ex precandidata a Intendente de Mercedes y ex legisladora provincial es la actual presidenta del ORSNA. Un fiscal federal pidió medidas judiciales por presuntas coimas y administración irregular de fondos públicos.
Noelia Florencia Ruiz tiene un perfil construido a lo largo de años sobre dos pilares: el feminismo institucional y la militancia en el PRO. Nació en Castelar, es licenciada en Relaciones Internacionales por la UCA y tiene un máster en Gestión Pública del Instituto Ortega y Gasset de Madrid. Se define públicamente como «feminista, speaker y especialista en participación y representación política de las mujeres», y fue autora de la Ley de Emergencia en Violencia Familiar, de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, sancionada en mayo de 2020.
Pero hoy su nombre aparece en una investigación judicial que sacude al organismo que regula los 57 aeropuertos del país.
Su historia en Mercedes
Ruiz construyó buena parte de su carrera política mirando hacia Mercedes. Fue diputada provincial entre 2019 y 2023, respondiendo al espacio de María Eugenia Vidal, de quien fue jefa de asesores en la Jefatura de Gabinete bonaerense cuando Federico Salvai comandaba ese despacho. Presidenta del PRO Mercedes desde enero de 2022, también lideró «La Generación», la agrupación juvenil del partido amarillo a nivel bonaerense.
En las elecciones primarias de 2023, Ruiz fue precandidata a Intendente de Mercedes por Juntos por el Cambio, compitiendo en un distrito que el partido gobernó por décadas. Su candidatura fue parte de un armado que incluyó listas a concejales en un contexto electoral en el que el PRO buscaba mantener su hegemonía local.
El salto al gobierno de Milei
Tras dejar la Legislatura bonaerense, su reinserción en el Estado nacional llegó de la mano de Guido Giana, dirigente ex PRO del entorno de Santiago Caputo, el asesor presidencial de mayor influencia en las sombras del gobierno libertario. Caputo la habría impulsado personalmente, y la propia Ruiz se identificaría en ese entorno como «la killer» del asesor presidencial.
En julio de 2024, el presidente Javier Milei la designó —por Decreto 660/2024— al frente del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), un fideicomiso que maneja más de US$ 150 millones destinados a proyectos productivos en Tierra del Fuego. Simultáneamente, integró el directorio de ARSAT.
Luego de la renuncia de Facundo Leal a la presidencia del ORSNA —el organismo que regula y controla el sistema aeroportuario nacional—, Ruiz asumió como presidenta del Directorio mediante el Decreto 155/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei y el ministro Luis Caputo, con vigencia retroactiva desde el 27 de febrero de 2026.
La investigación judicial: presuntas coimas y fondos públicos irregulares
El 11 de junio de 2026, La Nación reveló que la Justicia federal comenzó a avanzar sobre un esquema de presunta corrupción dentro del ORSNA. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 3 de junio por la diputada nacional Marcela Pagano, y quedó en manos del fiscal federal Ramiro González, titular de la Fiscalía Federal N° 7.
González impulsó formalmente la acción penal y solicitó un conjunto de medidas de prueba orientadas a reconstruir el funcionamiento interno del organismo, buscando determinar si existió un esquema de administración irregular de fondos públicos.
Los cuatro funcionarios bajo la lupa:
- Noelia Florencia Ruiz — presidenta del ORSNA
- Lucila Belén Pagani — vicepresidenta del organismo
- Facundo Gaitán — designado como «controller» con funciones de supervisión política de áreas operativas
- Facundo Leal — ex presidente del ORSNA, ya detenido el 27 de mayo de 2026 en una causa vinculada a su paso por ARSAT
El fiscal solicitó un informe Nosis sobre la situación patrimonial de los cuatro, buscando contrastar la evolución de sus bienes con las denuncias de elevados ingresos y manejos irregulares. También requirió al ORSNA los legajos personales de los imputados para analizar las condiciones de sus designaciones, antecedentes y escalas salariales.
El corazón de la denuncia: retornos del 10%
Según la presentación judicial, detrás de la operatoria existiría un mecanismo de cobro de retornos para habilitar pagos y certificaciones de obra, con un porcentaje exigido que rondaría el 10% del valor de cada trámite.
El foco apunta al manejo del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA), uno de los principales instrumentos económicos del sector. La denuncia describe una concentración de adjudicaciones en un grupo reducido de constructoras: Agro, Lemiro Pietroboni, Cemisa y Centro Construcciones. El fiscal González solicitó al ORSNA el detalle de todas las obras adjudicadas a esas firmas desde el 1° de enero de 2025.
La hipótesis judicial sostiene que la estructura de poder que respondía a Leal no solo sobrevivió a su salida del organismo, sino que se consolidó bajo la conducción de las actuales autoridades, con modificaciones en la estructura administrativa que derivaron en mejoras salariales y concentración de decisiones estratégicas.
Los organismos de control también fueron requeridos
La fiscalía extendió la investigación hacia la SIGEN (Sindicatura General de la Nación), la AGN (Auditoría General de la Nación), la Oficina Anticorrupción y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), solicitando que informen si existen antecedentes, denuncias o advertencias previas sobre el ORSNA y las empresas constructoras mencionadas.
El vínculo con Caputo y el caso Flybondi
El perfil político de Ruiz no puede entenderse sin el nombre de Santiago Caputo. Su llegada al ORSNA fue estratégica en el marco del interés del asesor presidencial en el sector de la aviación. Ese interés tiene un nombre concreto: Leonardo Scatturice, señalado como ex agente de inteligencia y nuevo dueño de Flybondi.
El episodio que expuso esa red de influencias ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando Laura Belén Arrieta —empleada de Scatturice y miembro de la CPAC— logró ingresar al país 10 valijas sin control tras un vuelo privado desde Miami, gracias a una llamada que habría paralizado a la PSA y a la Aduana.
